Breve Historia del PBI y de la Distribución de la Riqueza

Por Mariano Cittadino

Estamos viviendo un momento histórico por demás extraño. La la aristocrática Sociedad Rural de la entrañable familia Martínez de Hoz se preocupa hoy por los pobres. Está de moda hablar de la distribución de la riqueza y criticar al gobierno por lo poco que ha hecho para redistribuirla. Sin embargo a pesar de que a veces los títulos parecieran hablar por si solos, siempre están acompañados de algún contenido. El secreto es desenterrarlo.

La guerra contra el salario

Entre 1982 y 1986 se experimentó en nuestro país el boom de la Política de Ingresos. Durante este periodo el Producto Bruto Interno creció 0% en tanto que los ingresos reales de las personas se incrementaron un 53%. La inconsistencia macroeconómica planteada es evidente ya que no se puede distribuir lo que no se tiene. Los desequilibrios macroeconómicos son ocultados inicialmente por el control de precios y la desinversión y más tarde por el financiamiento inflacionario y el endeudamiento.

En el año 1985 se implementó un sistema económico para bajar la inflación generada por el gasto público, conocido como el Plan Austral, que consistía en la creación de una nueva moneda cuyo valor equivalía a mil pesos. Se congelaron salarios y tarifas, y el tipo de cambio fue fijado en 0,80 centavos de dólar. Se redujo así el déficit fiscal del 11% al 4% del PBI. Pero a la larga el plan no pudo sostenerse debido a que no se podían alcanzan los equilibrios macroeconómicos. Los servicios de la deuda externa heredada imponían una carga insoportable sobre el presupuesto y el balance de pagos. Al no existir superávits primarios, las reservas para pagar la deuda no alcanzaban y el gobierno de Raúl Alfonsín tuvo que emitir moneda sin respaldo. Esto terminó generando inflación.La última tentativa del gobierno de Alfonsín para bajar la inflación fue controlar las variables económicas, con el Plan Primavera, pero la inflación llego al 387,7%, y se desató una corrida cambiaria. Al final del gobierno de Alfonsín los precios subieron un 197% y las tarifas de los servicios públicos un 700%. La inflación en 1989 fue del 4.923,3%, y el dólar trepo hasta alcanzar los 1.950 australes, es decir hubo una devaluación del 8.000%. La producción, medida por el PBI per cápita cae un 15% y el ingreso de las personas un 38%.Como consecuencia cayeron bajo la línea de la pobreza el record histórico de 47,3% de los argentinos.

¡Menem Lo Hizo!

En los 90 durante los primeros años de la convertibilidad, el PBI y los salarios de los trabajadores vuelven a crecer, no por el aumento de la producción sino porque se había controlado la inflación con la ley de convertibilidad. Se estabilizó la economía y se ató el valor del peso al del dólar usando, para sostener este tipo de cambio, dinero de las reservas y de las escandalosas privatizaciones. La entrada de capital extranjero favorecido por el tipo de cambio fue otro factor importante para el crecimiento de la economía. Sin embargo al no estar sostenido el crecimiento por la producción, el déficit de las balanzas fiscales y comerciales fueron sostenidos por el endeudamiento con los órganos extranjeros de crédito (Banco Mundial, FMI).

Esto produjo el desplazamiento de la producción industrial por la importación, la expansión de la producción de materias primas y actividades de bajo valor agregado. En consecuencia un gran número de fábricas quebraron y el desempleo y el subempleo crecieron paulatinamente, hasta alcanzar en 1999, el 14,5%, quedando el 27% de la población por debajo de la línea de la pobreza. Esto significa que no solamente cayó el PBI que se sostenía de manera ficticia, sino que también se profundizó la diferencia entre capital-trabajo. De esta forma, mientras el 50% de los hogares de menores ingresos per cápita redujo su participación de 19,84% a 16,94% entre 1994 y el 2000, la participación del 10% de los hogares de mayor ingreso per cápita aumento su participación de 34,91% a 40,3% durante el mismo período. Esto implicó que el ingreso total del 10% más rico representaba en el segundo semestre del 2000 a 38 veces el ingreso obtenido por el 10% mas pobre.Durante el gobierno de la Alianza se siguió implementando la ley de convertibilidad, que fue acompañada por nuevas medidas regresivas para sostener el déficit fiscal, como nuevos ajustes de salarios, más recorte del gasto público (sobre todo en salud y en educación), recortes del 13% de la jubilación, baja de aportes patronales y nuevos endeudamientos con el FMI. Estas medidas profundizaron la recesión y los capitales extranjeros, que eran los que sostenían la economía, se retiraron produciéndose en consecuencia una espectacular corrida bancaria. El aumento del desempleo ascendió hasta el 20,4% de la población mientras que también subió el trabajo informal, favorecido por las leyes de flexibilización laboral. De manera tal que el 53% de la población terminó por debajo de la línea de la pobreza.

El regreso del peronismo

A partir del año 2003, con un tipo de cambio competitivo que impulsó al crecimiento de la industria nacional y de sus exportaciones, la economía experimento la mayor tasa de crecimiento consecutivo en su historia registrándose hasta el año 2008 un crecimiento promedio del 9% anual. Entre los años 2003 y 2007 la economía creció en un 53%. Por primera vez, luego de muchas décadas, el déficit fiscal se convertía en superávit con lo cual el gasto público no era financiado con endeudamiento sino con recursos reales, provenientes de los superávits gemelos, fiscal y comercial.En ese período el Estado se convirtió en un actor fundamental de la escena político-económica. Su intervencionismo se orientó, en los primeros años de la gestión, a reconstruir el sistema productivo favoreciendo a la inversión de bienes de capital y de tecnología. De esta manera se produjo una concentración de capital en pocas empresas que tuvieron ganancias extraordinarias.Claro que el aumento de la ocupación y del salario real promedio no fueron el resultado de la “mano invisible” del mercado, sino de la política oficial en pos de la reactivación económica en general, y de la reindustrialización en particular. Se enumera en ese sentido las subas del salario mínimo, vital y móvil, el regreso de las paritarias, la derogación de la denominada “Ley Banelco”, que intenta reordenar el mercado laboral, la incorporación al sistema de jubilaciones de casi dos millones de personas, el ajuste de las jubilaciones mínimas, el aumento dos veces por año de las jubilaciones móviles, entre otras iniciativas.Sin embargo, cuando estas transformaciones se traducen en las estadísticas de la distribución del ingreso, todas estas mejoras no se ven reflejadas.Por ejemplo la participación en el ingreso de los asalariados en el año 2007 fue de un 28% mientras que en el 2001 fue del 31%. Esto se explica porque a pesar de la recuperación que registró el salario real en los últimos años su participación en el valor agregado (factor fundamental de la distribución del ingreso), es menor porque el PBI creció más que la masa salarial, es decir que creció más el capital en relación al trabajo y a los salarios. O sea que de la gran riqueza generada en los últimos años el capital se apropio de una porción mayor de las ganancias de la que se apropiaron los trabajadores. Por eso el Estado tiene un rol fundamental para arbitrar e inclinar la balanza hacia el capital o hacia el trabajo.

El actual gobierno, en la segunda etapa de su gestión, ha tenido la virtud de haber puesto el desafío de mejorar la redistribución del ingreso en el centro de la escena política.

La distribución de la riqueza

Para hablar de distribución de la riqueza debemos considerar que la principal fuente de riqueza de nuestra nación se encuentra en la tenencia de tierras productivas, cuyas porciones de más valor, por las condiciones del clima y del suelo, se encuentran en la región de La Pampa Húmeda. En ese sentido, desde la creación de nuestra República, se ha favorecido siempre a unas pocas familias. Respecto a la distribución de la tierra han ocurrido dos acontecimientos en nuestra historia más que significativos. Para referirnos al primero de ellos debemos remontarnos en el tiempo hasta llegar a la presidencia de Rivadavia, cuando en el año 1824, mediante la ley de enfiteusis, todas las tierras públicas de la provincia de Buenos Aires fueron arrendadas a precios viles por unas pocas familias, obteniendo de esta forma el derecho a explotar las tierras públicas durante 20 años. Estas tierras habían sido hipotecadas como garantía de un empréstito que Rivadavia había tomado del banco ingles Baring Brothers, iniciando así la larga y trágica historia de la deuda externa argentina. El otro hecho fundamental en el reparto inequitativo de la riqueza se produjo luego de la mal llamada conquista del “desierto” llevada a cabo en 1879 por el general Roca, cuando luego de asesinar a miles de indígenas que habitaban la Patagonia, repartió las tierras entre la oligarquía porteña.La solución para distribuir más equitativamente la riqueza, sería entonces una reforma agraria, con lo cual deberíamos quitarle porciones de tierras a los dueños de los latifundios de la pampa húmeda para redistribuirlas entre los actores más débiles. Sin embargo cuando el Estado intentó apropiarse de una porción de las rentas extraordinarias de las exportaciones del monocultivo de soja mediante la ley 125 que convertía en móviles las retenciones para que los productores mas grandes paguen mas impuestos y los pequeños menos, se produjo un lockout patronal con cortes de ruta y desabastecimiento de alimentos, que culminó con el intento de un golpe destituyente contra el gobierno.

Como si fuera poco el monocultivo de soja ha extendido la frontera agraria desforestando compulsivamente los bosques y avanzando sobre otros cultivos, que al ocupar más mano de obra, son una mejor opción para distribuir la riqueza (El pool sojero multinacional que controla y domina el “negocio” estima que para 2017 la superficie agrícola argentina orillará las 120 millones de hectáreas. Algo así como el 43 por ciento de la superficie nacional)La soja ocupa un trabajador cada 500 hectáreas mientras que 100 hectáreas destinadas a la agricultura familiar producen 35 puestos reales.

La Redistribución del Ingreso

Las retenciones a las materias primas del campo (tanto se admira el modelo industrial brasilero pero tan poco se dice que su desarrollo fue gracias a la transferencia de las rentas extraordinarias que generaba el cultivo del café a finales de la década del cuarenta), es una medida redistributiva surgida del excedente de las ganancias que genera la inversión de capital. Como casi no emplea mano de obra y tiene el índice de trabajo informal mas alto del país, al quitársele una pequeña parte de sus ganancias para ser redistribuidas por el Estado, se produce una importante transferencia del capital al sector asalariado.

Si bien el sector exportador de soja, fue el que más riquezas generó a nivel macroeconómico, los rubros que más distribuyen riqueza son la industria, la construcción y el comercio, relegando al sector agropecuario y a los exportadores de productos primarios, a los últimos lugares. Por eso es mentira que el “campo” es el único motor productivo de la “patria”. La rentabilidad extraordinaria que producen sus exportaciones, o se las quedan ellos, o se las queda el Estado, nunca los trabajadores. Y siempre es preferible que esos dividendos se los quede el Estado porque sus políticas, cuando son progresivas, se convierten en las únicas herramientas viables para que finalmente lleguen al pueblo mediante obra pública o cooperativas de trabajo. Por eso cuando se busca deslegitimar la capacidad de intervención del Estado lo que realmente se intenta es preservar los privilegios del capital por encima del de los trabajadores. Por lo tanto no es válido atribuir a la política económica del gobierno de turno la distribución de la riqueza, si la redistribución del ingreso.

Reacción frente a la Crisis Internacional

Cuando se presentó la crisis internacional, luego de un ciclo económico expansivo, los empresarios presionaron al gobierno para devaluar la moneda. De esta manera obtendrían mayor margen de rentabilidad para sus productos exportables pero los salarios perderían valor adquisitivo pagando en definitiva las ganancias de los empresarios, los trabajadores. Sin embargo la respuesta del gobierno fue no devaluar de manera violenta y regresiva, sino en forma lenta y progresiva. En el 2009 las estadísticas mostraron que mientras el superávit comercial siguió ascendiendo la inversión bruta tuvo una tendencia descendente. El empresario en cambio de reinvertir sus ganancias, las retira del sistema productivo. Así la retribución del trabajo asalariado corre en forma inversa de lo que es superávit bruto de explotación. En la década del ’50 se reinvertía la mitad de la ganancia, mientras que en el 2006, ni siquiera un 35 por ciento. Los empresarios se han llevado el 75% de la renta pero al primer alerta por la crisis internacional fugaron sus ganancias, intentaron despidos masivos y pidieron subsidios al Estado. Todas estas decisiones empresariales atentan contra una redistribución del ingreso más equitativa.

La reacción del gobierno, muy por el contrario, fue proteger al empleo. El lanzamiento del Programa de Recuperación Productiva (RePro) subsidió el sueldo de 80.000 trabajadores por mes, además se le dio un gran impulso a las paritarias y al funcionamiento del plan de cooperativas “Argentina Trabaja” que ocupa en la actualidad a casi 100.000 trabajadores. Pero la medida más revolucionaria fue la Asignación Universal por hijo que bajo el nivel de pobreza al 14 por ciento, y el de indigencia al 2 por ciento. Sin embargo luego de siete años de crecimiento económico, los porcentajes de informalidad continúan siendo altos en términos históricos. En la década del ’80, el empleo en negro promedió el 20 por ciento y en los ’90 superó el 30 por ciento con flexibilización laboral incluida. En 2000 ya estaba en 37,4 y en 2001 trepó a 38,5 por ciento, apenas por encima del 36,4 por ciento actual. No obstante, esta última cifra representa una mejora significativa con respecto al 49,7 por ciento registrado en 2003 como consecuencia de la crisis de fines de 2001 y comienzos de 2002.

La política Tributaria

El rol de la política tributaria constituye otra de las herramientas fundamentales para el desenvolvimiento progresivo del Estado. Del nivel de recaudación tributaria dependerá que el Estado posea los recursos suficientes para destinarlos al desarrollo de políticas productivas y sociales en beneficio de toda la ciudadanía.Su relación con la distribución del ingreso está unida directamente en cuanto a que existen impuestos progresivos, que son aquellos que apuntan a las empresas y a los sectores mas pudientes de la ciudadanía y los impuestos regresivos que son aquellos cargados sobre los sectores mas débiles del sistema económico.En consecuencia existe una puja de poder entre el capital y el salario que se volcó claramente hacia el capital a partir del año 1975, con la excusa de que los impuestos que gravan el capital inciden en los costos de producción, y atenta por lo tanto, contra la rentabilidad de los empresarios.Por ejemplo el IVA, un impuesto que fue incrementado durante los años neoliberales de los noventa, es altamente regresivo porque no grava el costo empresario sino el consumo, y no discrimina entre consumidores pobres o ricos, sino que todos los actores económicos, más allá de sus diferencias, pagan el mismo porcentaje, con lo cual, la redistribución del ingreso, en este caso, es regresiva.Sin embargo dicho impuesto representa cerca del 35 por ciento de los ingresos tributarios nacionales con lo cual resulta por demás difícil su eliminación.Una solución sería eliminar el IVA a los productos de la canasta básica alimentaria, lo que permitiría bajar sus precios un 16 por ciento, es decir que los más pobres podrían consumir casi un 20 por ciento más de productos de primera necesidad, con lo cual, más de 2 millones de personas dejarían de ser pobres.Esta medida requeriría de una fuerte intervención del Estado en su función de controlador de precios para que la baja del IVA se traduzca en una reducción de precios y no en un aumento en las ganancias de las empresas.Ante la herencia de un sistema fiscal regresivo, la actual administración ha introducido algunos cambios de carácter progresivo. Por ejemplo el hecho de que el porcentaje de la recaudación en relación al PIB alcance el 30 por ciento es un dato positivo ya que ese incremento se da principalmente entre los impuestos definidos como progresivos, fundamentalmente a las ganancias, a la propiedad y al comercio exterior (derechos de exportación).Los impuestos sobre la propiedad, la renta, las utilidades y las ganancias pasaron de un 3,1 por ciento del PIB para el promedio 1992-2000 a un 7,8 por ciento en el año 2008 y los que gravan el comercio exterior pasaron de 0,9 del PIB a 4,5 por ciento en 2008. Estos incrementos fueron potenciados principalmente por el aumento de los derechos de exportación, que además de definir la estructura productiva que se desea desarrollar, influye sobre los precios que pagan los consumidores domésticos, y grava además las rentas, que de otra manera resultaron históricamente evadidas por los sectores más concentrados. El incremento en estos impuestos explicó el 80 por ciento del aumento en la presión tributaria entre 2008 y el promedio de los noventa.Sin embargo si nos comparamos con otros países Argentina está en el orden de los treinta puntos de presión en término del PBI mientras que Brasil, tiene una presión tributaria cercana a los cuarenta puntos. En cuanto a los países más desarrollados, están en un promedio que oscila entre el 45 y 50 por ciento de su PBI.

Una deuda de esta administración es la creación de un impuesto sobre la renta financiera que existe por ejemplo en Brasil y Chile. Haciendo un poco de historia el primer gobierno de Perón estableció el impuesto sobre las Ganancias Eventuales (1949), gravamen que pudo subsistir hasta 1991, cuando Raúl Cuello, bajo el gobierno de Carlos Menem, lo eliminó. Desde el año 1991 hasta la fecha no ha habido ningún intento por restablecer un impuesto que recaiga sobre la renta financiera. El único camino que podemos transitar entonces, como consecuencia de esta falla estructural de una distribución inequitativa de la riqueza y, por consiguiente del ingreso, es la intervención del estado para redistribuir más equitativamente, una distribución naturalmente injusta. A lo largo de nuestra historia, la mayoría de nuestros gobiernos, lejos de avanzar en ese sentido, han deteriorado continuamente esta situación favoreciendo la construcción de corporaciones, monopolios y oligopolios que han concentrado la economía en manos de unos pocos.

Y aunque mucho falte para llegar a lograr la relación ideal que tiene que existir entre el capital y el trabajo de 50 y 50, que nuestro país conoció en la feliz década 1946-1955, este es un gran momento para volver a intentarlo.