El viernes 22 de Mayo del año 2009, el gobierno venezolano anunció la nacionalización de cinco empresas siderometalúrgicas. En tres de ellas (Matesi, Tavsa y Comsigua) tiene participaciones el grupo Techint, al igual que en Sidor, nacionalizada un tiempo atrás. El proceso de traspaso del control de Sidor en favor del Estado venezolano culminó con el pago de una indemnización de 1970 millones de dólares al grupo Techint, que con eso se dio por satisfecho. Pero para llegar a ese acuerdo, buscó primero poner al gobierno de Chávez en la piel del brutal expropiador.
Primero Abusan después lloran
Existía en V
enezuela una situación monopólica y muchas de estas empresas aprovechaban para cometer todo tipo de abusos. La expropiación de Sidor se produjo en respuesta a una serie de denuncias que acusaban a la empresa de comprar el mineral de hierro a una empresa estatal, a precio subsidiado, y luego ofrecía el acero a precios exorbitantes al mercado interno. Si no se lo aceptaban en esas condiciones, lo vendía al exterior a sus propias filiales pero a precios menores a los anteriores. El caso de Tavsa era semejante. Recibía el acero para producir tubos para la industria petrolera exclusivamente de Sidor y le vendía una altísima proporción de su producción a PDVSA (estatal), logrando así fabulosas ganancias. 
Aunque Venezuela es un país soberano, dirigido hoy por un gobierno varias veces plebiscitado, que tiene derecho a implementar las políticas que crea necesarias para desarrollar su propia economía, comenzaron a hacerse oír un coro de declaraciones contrarias a estas nacionalizaciones que buscaron aprovechar los momentos preelectorales que estaba atravesando por ese entonces nuestro país.
Algunos de l
os que mantuvieron esta posición crítica fueron las asociaciones argentinas de Distribuidores de Energía Eléctrica (Adeera), de Transportistas de Energía Eléctrica (Ateera) y de Generadores de Energía (Ageera). De ese modo se sumaron a las manifestaciones de rechazo que había realizado la Unión Industrial Argentina –que cuenta al Grupo Techint entre sus principales socios–, por la Asociación Empresaria Argentina (AEA), y las entidades financieras nucleadas en Adeba.
¿Intervención o no Intervención?
Los empresarios solicitaban al gobierno nacional gestiones ante su par venezolano en procura del resguardo de los derechos de Techint en el contexto de la política de estatizaciones que ve
nía desarrollando la administración de Hugo Chávez y, desde la oposición, algunos políticos también se sumaban al discurso empresario, trazando además similitudes entre la política de Chávez y las del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
La ley de abastecimiento, que para el ex ministro de justicia de la Alianza Gil Lavedra evidencia una vocación inter
vencionista equiparable al socialismo del siglo XXI que propone Chávez, es la norma a través de la cual se les exige a las empresas que garanticen la normal provisión de bienes y servicios en el mercado para que los consumidores no deban afrontar aumentos de precios excesivos generados por prácticas especuladoras.
La UIA, intentó vetar el ingreso de Venezuela al Mercosur y, aprovechando el momento preelectoral, se puso a la cabeza de las acusaciones contra nuestro gobierno por no defender los intereses de las empresas
nacionales, pero esta separación de criterios entre la UIA y el Gobierno Nacional comenzó en realidad cuando, con motivo de la devaluación del real brasileño frente al dólar, la UIA inició una campaña para que el gobierno devalúe nuestra moneda para así no perder competitividad en las exportaciones de las empresas, despreocupándose de la pérdida de valor adquisitivo del sector asalariado, de tomarse esta medida.
Las diferencias se acentuaron definitivamente cuando, con el objetivo de limitar la intervención del Estado en la economía, la UIA se manifestó en contra de la designación de directores y síndicos en empresas por parte de la ANSES, después de que el Estado recuperara las acciones que estaban en manos de las AFJP.
Sin embargo, a pesar de que la posición de la UIA parecía en un principio homogénea, se produjo dentro de sus fronteras un enfrentamiento interno entre dos sectores.
Existía en V
enezuela una situación monopólica y muchas de estas empresas aprovechaban para cometer todo tipo de abusos. La expropiación de Sidor se produjo en respuesta a una serie de denuncias que acusaban a la empresa de comprar el mineral de hierro a una empresa estatal, a precio subsidiado, y luego ofrecía el acero a precios exorbitantes al mercado interno. Si no se lo aceptaban en esas condiciones, lo vendía al exterior a sus propias filiales pero a precios menores a los anteriores. El caso de Tavsa era semejante. Recibía el acero para producir tubos para la industria petrolera exclusivamente de Sidor y le vendía una altísima proporción de su producción a PDVSA (estatal), logrando así fabulosas ganancias. 
Aunque Venezuela es un país soberano, dirigido hoy por un gobierno varias veces plebiscitado, que tiene derecho a implementar las políticas que crea necesarias para desarrollar su propia economía, comenzaron a hacerse oír un coro de declaraciones contrarias a estas nacionalizaciones que buscaron aprovechar los momentos preelectorales que estaba atravesando por ese entonces nuestro país.
Algunos de l
os que mantuvieron esta posición crítica fueron las asociaciones argentinas de Distribuidores de Energía Eléctrica (Adeera), de Transportistas de Energía Eléctrica (Ateera) y de Generadores de Energía (Ageera). De ese modo se sumaron a las manifestaciones de rechazo que había realizado la Unión Industrial Argentina –que cuenta al Grupo Techint entre sus principales socios–, por la Asociación Empresaria Argentina (AEA), y las entidades financieras nucleadas en Adeba.¿Intervención o no Intervención?
Los empresarios solicitaban al gobierno nacional gestiones ante su par venezolano en procura del resguardo de los derechos de Techint en el contexto de la política de estatizaciones que ve
nía desarrollando la administración de Hugo Chávez y, desde la oposición, algunos políticos también se sumaban al discurso empresario, trazando además similitudes entre la política de Chávez y las del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.La ley de abastecimiento, que para el ex ministro de justicia de la Alianza Gil Lavedra evidencia una vocación inter
vencionista equiparable al socialismo del siglo XXI que propone Chávez, es la norma a través de la cual se les exige a las empresas que garanticen la normal provisión de bienes y servicios en el mercado para que los consumidores no deban afrontar aumentos de precios excesivos generados por prácticas especuladoras.La UIA, intentó vetar el ingreso de Venezuela al Mercosur y, aprovechando el momento preelectoral, se puso a la cabeza de las acusaciones contra nuestro gobierno por no defender los intereses de las empresas
nacionales, pero esta separación de criterios entre la UIA y el Gobierno Nacional comenzó en realidad cuando, con motivo de la devaluación del real brasileño frente al dólar, la UIA inició una campaña para que el gobierno devalúe nuestra moneda para así no perder competitividad en las exportaciones de las empresas, despreocupándose de la pérdida de valor adquisitivo del sector asalariado, de tomarse esta medida.Las diferencias se acentuaron definitivamente cuando, con el objetivo de limitar la intervención del Estado en la economía, la UIA se manifestó en contra de la designación de directores y síndicos en empresas por parte de la ANSES, después de que el Estado recuperara las acciones que estaban en manos de las AFJP.
Sin embargo, a pesar de que la posición de la UIA parecía en un principio homogénea, se produjo dentro de sus fronteras un enfrentamiento interno entre dos sectores.
Burguesía Nacional vs. Neoliberalismo (el clásico de la derecha)
El sector del vicepresidente de la UIA, Cristiano Ratazzi, que con declaraciones como “se acabaron los tiempos de vivir con lo nuestro y de las prebendas”, se colocaba como uno de los pilares de la extranjerización de la economía y de la no intervención del Estado, al mej
or estilo neoliberal, mientras el ex presidente Juan Carlos Lascurain intentaba realinear a la burguesía industrial hacia las políticas desarrolladas durante su presidencia. El error del empresario italiano, si lo hubo, fue dejar al desnudo la estrategia de la nueva conducción de la UIA y el nada casual 
reencuentro del Grupo de los 7 para celebrar la asunción de Héctor Méndez al frente de la central fabril.
Este bloque aglutina a centrales empresarias de la industria, la construcción, el comercio, la producción agropecuaria, la operatoria bursátil y el comercio exterior y sólo se reúne para enfrentarse al poder político cuando éste implementa políticas que tienden a redistribuir sus ingresos extraordinarios.
Gran animador de estas reuniones y aliado incondicional del sector interno de la UIA nostálgico de los noventa, la AEA, es una asociación empresaria, nacida en el año 2002, cuya característica principal es la participación personal de los titulares de las empresas más importantes del país en el análisis de políticas públicas de interés general. Los miembros de la Asociación dirigen empresas que, en conjunto, facturan 200.000 millones de pesos y exportan por 10.000 millones de dólares.
En un reciente documento, titulado “Movilizar las energías del sector privado, un aporte al diálogo entre todos los argentinos”, abundan ideas libremercadistas. Se trata de un intento de formulación de un proyecto de país enfocado en una corriente neoliberal dónde se destaca la teoría del derrame. El documento reclama la eliminación de todo control e intervención pública en los mercados y se inspira en el concepto del derecho a la propiedad privada sobre los patrimonios y sus frutos o ganancias, supone una hostilidad “de principios” respecto de la progresividad tributaria y de toda acción del Estado orientada a redistribuir ingresos.
La AEA con el sector “noventista” de la UIA, son los principales actores sociales que alientan cualquier tipo de tropelía para eliminar, no tanto a un modelo de “Estado interventor” sino a una administración del Estado que no gobierne de acuerdo a sus propias intereses. Sus posiciones dominantes constituyen monopolios y oligopolios que atentan contra la idea de un Estado democrático y benefactor que corrija las fallas naturales del capitalismo.
El sector del vicepresidente de la UIA, Cristiano Ratazzi, que con declaraciones como “se acabaron los tiempos de vivir con lo nuestro y de las prebendas”, se colocaba como uno de los pilares de la extranjerización de la economía y de la no intervención del Estado, al mej
or estilo neoliberal, mientras el ex presidente Juan Carlos Lascurain intentaba realinear a la burguesía industrial hacia las políticas desarrolladas durante su presidencia. El error del empresario italiano, si lo hubo, fue dejar al desnudo la estrategia de la nueva conducción de la UIA y el nada casual 
reencuentro del Grupo de los 7 para celebrar la asunción de Héctor Méndez al frente de la central fabril.Este bloque aglutina a centrales empresarias de la industria, la construcción, el comercio, la producción agropecuaria, la operatoria bursátil y el comercio exterior y sólo se reúne para enfrentarse al poder político cuando éste implementa políticas que tienden a redistribuir sus ingresos extraordinarios.
Gran animador de estas reuniones y aliado incondicional del sector interno de la UIA nostálgico de los noventa, la AEA, es una asociación empresaria, nacida en el año 2002, cuya característica principal es la participación personal de los titulares de las empresas más importantes del país en el análisis de políticas públicas de interés general. Los miembros de la Asociación dirigen empresas que, en conjunto, facturan 200.000 millones de pesos y exportan por 10.000 millones de dólares.
En un reciente documento, titulado “Movilizar las energías del sector privado, un aporte al diálogo entre todos los argentinos”, abundan ideas libremercadistas. Se trata de un intento de formulación de un proyecto de país enfocado en una corriente neoliberal dónde se destaca la teoría del derrame. El documento reclama la eliminación de todo control e intervención pública en los mercados y se inspira en el concepto del derecho a la propiedad privada sobre los patrimonios y sus frutos o ganancias, supone una hostilidad “de principios” respecto de la progresividad tributaria y de toda acción del Estado orientada a redistribuir ingresos.
La AEA con el sector “noventista” de la UIA, son los principales actores sociales que alientan cualquier tipo de tropelía para eliminar, no tanto a un modelo de “Estado interventor” sino a una administración del Estado que no gobierne de acuerdo a sus propias intereses. Sus posiciones dominantes constituyen monopolios y oligopolios que atentan contra la idea de un Estado democrático y benefactor que corrija las fallas naturales del capitalismo.Techint: ¡Un orgullo nacional!
La argucia más notable de la que se ha valido este sector para defender las estatizaciones de las empre
sas de Techint en Venezuela fue que Techint es una empresa argentina y que el Estado argentino debía intervenir para limitar la intervención del Estado venezolano.
Afirmar que el grupo Techint es una empresa argentina es una falacia. Techint es un holding italiano con sedes legales en Luxemburgo y las Antillas Holandesas y con inversiones radicadas en los paraísos fiscales de Panamá, Bermudas y Cayman.
Este grupo, que pide que el Estado no regule el mercado pero le exige que intervenga cuando en países soberanos se afectan sus intereses, se benefició a costas del Estado cuando el presidente del Banco Central Domingo Cavallo estatizó las deudas privadas del holding pasándolas a manos del Estado en 1982.
Por otra parte en 1991, durante el gobierno del Presidente Carlos Menem, el Est
ado privatizó SOMISA (Sociedad Mixta Siderurgia Argentina) para vendérsela al grupo Techint a un precio muy inferior al real, su valor de venta era de 700 millones de dólares, pero se informó que fue vendida en 152,5 millones de dólares, a pagar 100 millones de dólares en efectivo; 40 millones con pagarés y: 12,5 millones en títulos de la deuda externa, dejando en la calle la friolera suma de alrededor de 8000 trabajadores.
Como si fuera poco, en el año 2002, durante el gobierno interino del Presidente Eduardo Duhalde, la pesificación asimétrica que perjudicó a los ahorristas, provocó una transferencia millonaria
de recursos a los grupos económicos, a los bancos y a las grandes industrias, entre ellas Techint. Pero en el desarrollo de aquel episodio el holding no se quejó por la intervención del Estado.
Para terminar con esta breve reseña sobre el grupo, es menester recordar que Techint fue la primera empresa en declararse en default y en anunciar despidos masivos (2400 empleados) ante las amenazas del desembarco en nuestro país de la crisis internacional.
La argucia más notable de la que se ha valido este sector para defender las estatizaciones de las empre
sas de Techint en Venezuela fue que Techint es una empresa argentina y que el Estado argentino debía intervenir para limitar la intervención del Estado venezolano.Afirmar que el grupo Techint es una empresa argentina es una falacia. Techint es un holding italiano con sedes legales en Luxemburgo y las Antillas Holandesas y con inversiones radicadas en los paraísos fiscales de Panamá, Bermudas y Cayman.
Este grupo, que pide que el Estado no regule el mercado pero le exige que intervenga cuando en países soberanos se afectan sus intereses, se benefició a costas del Estado cuando el presidente del Banco Central Domingo Cavallo estatizó las deudas privadas del holding pasándolas a manos del Estado en 1982.
Por otra parte en 1991, durante el gobierno del Presidente Carlos Menem, el Est
ado privatizó SOMISA (Sociedad Mixta Siderurgia Argentina) para vendérsela al grupo Techint a un precio muy inferior al real, su valor de venta era de 700 millones de dólares, pero se informó que fue vendida en 152,5 millones de dólares, a pagar 100 millones de dólares en efectivo; 40 millones con pagarés y: 12,5 millones en títulos de la deuda externa, dejando en la calle la friolera suma de alrededor de 8000 trabajadores.Como si fuera poco, en el año 2002, durante el gobierno interino del Presidente Eduardo Duhalde, la pesificación asimétrica que perjudicó a los ahorristas, provocó una transferencia millonaria
de recursos a los grupos económicos, a los bancos y a las grandes industrias, entre ellas Techint. Pero en el desarrollo de aquel episodio el holding no se quejó por la intervención del Estado.Para terminar con esta breve reseña sobre el grupo, es menester recordar que Techint fue la primera empresa en declararse en default y en anunciar despidos masivos (2400 empleados) ante las amenazas del desembarco en nuestro país de la crisis internacional.
Un Socio Bolivariano
Sin embargo AEA y un sector de la UIA intercedieron y presionaron desproporcionadamente al gobierno para beneficiar a este holding y poner en situación incómoda las relaciones bilaterales con Venezuela que tiene su fundamento en que son dos economías netamente complementarias. Nuestra relación nos asegura recíprocamente la soberanía energética y alimentaria y la balanza comercial es netamente favorable a la Argentina porque compra materia prima y vende manufacturas con valor agregado.
Por otra parte el gobierno de Hugo Chávez le encargó a Enrique Martínez (titular del INTI) el diseño de proyectos industriales en distintos rubros, que son alimentados por proveedores argentinos. La iniciativa ya permitió que pymes de Buenos Aires, Rosario y Mendoza vendan al país bolivariano por más de 100 millones de dólares. Varias empresas están yendo a radicarse allí.
El INTI viene trabajando desde agosto de 2007 en varios convenios de cooperación técnica para el proyecto de las 200 fábricas socialistas del siglo XXI. El INTI se ocupa del diseño básico y de la asistencia técnica para la puesta en marcha de varias empresas controladas por el Estado venezolano. En 2009 ya arrancaron las primeras 21 empresas equipadas en un 95 por ciento por maquinaria argentina.
Para julio de este año está prevista la puesta en marcha de otras 51 empresas venezolanas abastecidas por compañías argentinas.
Sin embargo AEA y un sector de la UIA intercedieron y presionaron desproporcionadamente al gobierno para beneficiar a este holding y poner en situación incómoda las relaciones bilaterales con Venezuela que tiene su fundamento en que son dos economías netamente complementarias. Nuestra relación nos asegura recíprocamente la soberanía energética y alimentaria y la balanza comercial es netamente favorable a la Argentina porque compra materia prima y vende manufacturas con valor agregado.
Por otra parte el gobierno de Hugo Chávez le encargó a Enrique Martínez (titular del INTI) el diseño de proyectos industriales en distintos rubros, que son alimentados por proveedores argentinos. La iniciativa ya permitió que pymes de Buenos Aires, Rosario y Mendoza vendan al país bolivariano por más de 100 millones de dólares. Varias empresas están yendo a radicarse allí.
El INTI viene trabajando desde agosto de 2007 en varios convenios de cooperación técnica para el proyecto de las 200 fábricas socialistas del siglo XXI. El INTI se ocupa del diseño básico y de la asistencia técnica para la puesta en marcha de varias empresas controladas por el Estado venezolano. En 2009 ya arrancaron las primeras 21 empresas equipadas en un 95 por ciento por maquinaria argentina.
Para julio de este año está prevista la puesta en marcha de otras 51 empresas venezolanas abastecidas por compañías argentinas.
El Estado siempre estuvo, esta y estará en el centro de la escena política, depend
e de sus administradores de turno adosarle un perfil regulador para que en un sentido democrático y republicano, tienda a proteger, en todos los rincones del territorio, a las clases mas débiles o apunte a defender los intereses particulares de las grandes corporaciones, ya sean industriales, agropecuarias, financieras o mediáticas que han venido disciplinando a nuestra Nación desde el año 1975 con sus políticas de ajuste permanente contra el grueso de la ciudadanía.
e de sus administradores de turno adosarle un perfil regulador para que en un sentido democrático y republicano, tienda a proteger, en todos los rincones del territorio, a las clases mas débiles o apunte a defender los intereses particulares de las grandes corporaciones, ya sean industriales, agropecuarias, financieras o mediáticas que han venido disciplinando a nuestra Nación desde el año 1975 con sus políticas de ajuste permanente contra el grueso de la ciudadanía.
