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miércoles, 23 de junio de 2010

¡El Padre de la Democracia!

Por Mariano Cittadino

En el año 1983 llegó a la presidencia de la Nación el Dr. Raúl Alfonsín. Su gobierno heredó una de las crisis económicas y políticas más aciagas de nuestra historia, producto de la dictadura militar más sangrienta de las tantas sufridas por nuestro país. La dictadura de Videla le había arrancado la vida a 30.000 ciudadanos -en su mayoría militantes políticos, sociales y sindicalistas- y nos había dejado rendidos después de una guerra perdida que regó el campo de batalla con 649 muertos –hoy el número de soldados suicidados supera a las víctimas de la guerra-.

Paredón paredón... ¿Pare que?
El panorama económico no era mucho más alentador. Las políticas extranjerizantes y neoliberales de la dictadura habían elevado la deuda externa de 8 mil a 45 mil millones de dólares. El impresionante crecimiento de la deuda se debió a la transferencia de deudas millonarias desde las empresas privadas, nacionales y extranjeras, hacia el Estado, mientras que las empresas estatales habían sido vaciadas y endeudadas en cifras millonarias. Por su parte las políticas de desindustrialización llevadas adelante por la dictadura, favorecieron la importación de productos extranjeros y provocaron que varias fábricas tuvieran que cerrar sus puertas. En consecuencia el saldo de desocupación, record hasta ese momento, de la historia de nuestro país, trepó hasta el 7 por ciento y el salario real descendió a la mitad comparado con el promedio de la década del setenta, gracias a los altos niveles de inflación.
El Dr. Alfonsín, que había llegado al poder con un gran respaldo del voto popular (51 por ciento) y que tenía mayoría absoluta en la Cámara de diputados, orientó su gobierno hacia una social democracia, motivo por el cual sus primeras medidas en cuanto a lo político, apuntaron a la normalización de un Estado republicano, con una organización política de claro contenido democrático.Con esa intención modificó el Código de Justicia Militar y creó una confusa instancia a medio camino: Código de Justicia Militar en primera instancia y Código civil en la apelación. El poder ejecutivo promulgó los decretos 157 y 158 sobre el punto. Estos dos decretos permitieron el juzgamiento, tanto de los cabecillas de la guerrilla como de los integrantes de la junta militar.
Paralelamente, Alfonsín llevó adelante una serie de medidas de reestructuración de las Fuerzas Armadas por la que redujo el personal militar a más de la mitad, el presupuesto militar a casi un tercio, y suprimió el cargo de Comandante en jefe de cada una de las Fuerzas Armadas de acuerdo al mandato constitucional que sostiene que es el Presidente el comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas. Además creó una fuerza especial antiterrorista dependiente del Ministerio del Interior. Todas estas medidas, que se hicieron con la intención de desactivar posibles resabios golpistas y para darle poder político y entidad jurídica al Estado democrático, produjeron un efecto de descontento en las Fuerzas Armadas, en dónde se empezaba a tornar visible un grupo de oficiales que presionaban al poder político y al generalato.
En 1984 estallaron diez bombas en Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe, tipos de explosivos que solo podían conseguirse en destacamentos militares. Pero también surgían los primeros síntomas de fastidio entre los familiares de desaparecidos y organismos de derechos humanos porque, según lo prometido en la campaña electoral, no se iban a habilitar fueros especiales para juzgar a la dictadura sino que se los iba a someter a la justicia civil, “común a todos los argentinos”.
El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, tal como se previó, nunca juzgó a sus pares, tuvo que ser la Cámara Federal quién los juzgara, pero de acuerdo al reglamento militar. La Cámara Federal entró en escena para evitar una generalizada privación de justicia para con las víctimas.
Finalmente la presión y los alzamientos militares de ese grupo de oficiales, conocidos luego como “carapintadas” concluyó con la aprobación de las leyes de punto final y obediencia de vida, leyes que ordenaban finalizar los juicios a los delitos cometidos por la dictadura y redimir de responsabilidad a los oficiales y suboficiales que habían actuado bajo órdenes de un superior.
El 23 de Enero de 1989 surgía una nueva crisis política en el gobierno del Dr. Raúl Alfonsín. Esta vez el levantamiento armado surgía desde un pequeño y trasnochado grupo guerrillero, comandado por el ex integrante del ERP Enrique Gorriarán Merlo, conocido como MTP (Movimientos Todos por la Patria), que copaba el Regimiento 3 de Infantería de La Tablada, para denunciar un presunto golpe militar organizado por una facción que respondía a los carapintadas asociados al sector político de la oposición: el peronismo.
La decisión que tomó el Presidente Alfonsín fue reprimir con las fuerzas del ejército, cuando el comisario de la Policía Federal Juan Ángel Pirker había declarado que en cuestión de horas y con tan solo gases lacrimógenos la policía podría haber desalojado el Regimiento sin mayores problemas.Sin embargo el ejército, dotado con 3600 efectivos, usó para reprimir cañones de gran potencia y bombas de fósforo (prohibidas por la convención de Ginebra). Además hubo fusilamientos, torturas, desapariciones y ejecuciones sumarias sobre militantes que ya se habían rendido.El porque el Dr. Alfonsín, quien es conocido hoy como el “padre de la democracia”, permitió semejante avasallamiento de los derechos humanos, solo puede explicarse en su falta de autoridad para manejar los asuntos militares.
El efecto que produjo el copamiento de La Tablada fue la firma del Presidente Alfonsín del decreto 327 y el envío al Congreso de la ley antiterrorista, cuya aprobación significó el regreso del espíritu de la Doctrina de la Seguridad Nacional. Esos cuerpos normativos subordinan el funcionamiento institucional al arbitrio castrense, colocando bajo la gran lupa de la Inteligencia Militar a todos los ciudadanos.En consecuencia volvió a sobrevolar sobre la democracia una sensación de impunidad por una represión desmedida y abusiva de las fuerzas militares, miedo por el regreso de un país al que se pretendía encerrar en el pasado y el regreso del fantasma de la sospecha subversiva, sobre cada ciudadano de nuestra Nación.

Llega el Austral
En cuanto a lo económico, el ministro de economía Bernardo Grinspun, anunció un plan keynesiano para reactivar la economía frente a un mercado recesivo y deprimido.
Este plan fue llevado a la práctica mediante el control de precios, un incremento del gasto público y el aumento de los salarios entre un 6 y un 8 por ciento. Pero el aumento del presupuesto en el gasto público, que con la mejor intención se había diseñado para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y para que aumente el consumo, no fue sostenido por el crecimiento del PBI (el país tenía déficit comercial y fiscal), sino mediante financiamiento con endeudamiento externo y emisión de moneda. Entonces, los efectos que produjeron estas medidas fueron graves desequilibrios macroeconómicos y un aumento insostenible de la demanda, que derivaron en una fuerte escalada de la inflación (30,5 por ciento) que superó el nivel de crecimiento de los salarios (22 por ciento).
Este fracaso de las políticas económicas provocó la renuncia del ministro de economía.
Ante este cuadro inflacionario y de aumento de deuda externa, Alfonsín nombra, en febrero de 1985, como nuevo ministro de economía al ortodoxo, Juan Vital Sourrouille, que contaba con el apoyo de los intereses extranjeros y nacionales.
El 22 de abril los principales grupos económicos imponían a Alfonsín en una reunión, lo que después anunciara el Presidente en la Plaza de Mayo ante una multitud que había acudido para defender la democracia: “la economía de guerra” contra el salario.
Seis de esos grupos están entre los 12 más dinámicos y son los mismos que incorporaron entre 1983 y 1987, 92 nuevas empresas que formaban parte del proyecto de promoción industrial por el cual el gobierno transfería recursos públicos a estas corporaciones, mediante subsidios estatales.Con el mandato de estas corporaciones, Sourrouille implementó el Plan Austral, que consistía en la creación de una nueva moneda cuyo valor equivalía a mil pesos. Se congelaron salarios y tarifas, se achico el gasto público, y el tipo de cambio fue fijado en 0,80 centavos de dólar.
Todas estas medidas fueron tomadas para contener la inflación y por consiguiente la pérdida nominal de los salarios.
En primera instancia, los efectos que produjeron estas medidas fueron: una reducción del déficit fiscal del 11% al 4% del PBI y una reducción de la inflación que bajó hasta el 1,9 por ciento. Pero a la larga el plan no pudo sostenerse debido a que no se podían alcanzan los equilibrios macroeconómicos. Los servicios de la deuda externa heredada imponían una carga insoportable sobre el presupuesto y el balance de pagos. Al no existir superávits primarios, las reservas para pagar la deuda no alcanzaban y el gobierno de Raúl Alfonsín tuvo que emitir nuevamente moneda sin respaldo. Esto terminó generando nuevos picos inflacionarios, nuevas pérdidas adquisitivas en el salario de los trabajadores y un fuerte aumento de precios.

El Plan Primavera
El nuevo Plan concebido por Alfonsín-Sourrouille, y negociado con la Unión Industrial Argentina (UIA) para contener la crisis económica, vio la luz en 1988 y fue bautizado como: Programa para la recuperación económica (más conocido por su apodo de Plan Primavera).
Este plan intentó controlar las variables económicas con ajustes más profundos que consistieron en el congelamiento general de precios, tarifas, salarios estatales y tipo de cambio. Como antesala a estas medidas Alfonsín había designado en 1987 a Rodolfo Terragno como Ministro de Obras y Servicios Públicos de la Nación, cargo desde el cual trató de impulsar una política de privatizaciones que no lograron llevarse adelante por la férrea oposición del Partido Justicialista (los mismos que años más tarde prácticamente regalarían a los intereses extranjeros toda la Nación). Terragno había propuesto privatizar parcialmente la empresa telefónica Entel mediante la entrada de Telefónica España en su capital y Aerolíneas Argentinas (empresa en la que la aerolínea escandinava SAS estaba interesada).
La misión principal en la toma de todas estas medidas neoliberales fueron para contener los grandes enemigos que fustigaron constantemente al gobierno del Dr. Alfonsín: la inflación y el déficit fiscal.Sin embargo la falta de confianza de los mercados, un caótico clima social y la presión de las corporaciones extranjeras por profundizar aún más en nuestro país las medidas neoliberales que gobernaban en ese entonces nuestro continente, hicieron que el efecto producido por el Plan Primavera haya sido totalmente contrario al motivo por el cual había sido implementado: la inflación llego al 387,7%, se desató una corrida cambiaria con una fuerte estampida del dólar y de los precios en general, las reservas del Banco Central sufrieron fuertes pérdidas y el Banco Mundial suspendió su apoyo.

Un Resultado Bien Radical
El Dr. Alfonsín había llegado al gobierno con un moderno plan de reforma política y con una idea progresiva de política económica, apoyada en las bases tradicionales del radicalismo: desarrollo de la industria nacional, mejora en la calidad de vida de la ciudadanía, y, fundamentalmente, el respeto por un sistema democrático pleno y una conducción ética de la cosa pública.
Su estrategia inicial fue enfrentar a los grupos económicos extranjeros, al principal partido de la oposición, el justicialismo, a la oligarquía agropecuaria, a los militares carapintadas que se oponían al juzgamiento de los dictadores y a los sindicatos. Todo al mismo tiempo. Consensuando sus políticas económicas, solamente, con la burguesía industrial nacional que, por tradición histórica, es el actor más deleznable de nuestro escenario político.
Sin embargo la inoperancia y la falta de decisión para transformar estructuralmente un país manejado por poderosos sectores de interés desactivaron rápidamente las ideas socialdemócratas del gobierno radical, para torcerle trágicamente el brazo.
En consecuencia los efectos que causaron las políticas del gobierno del Dr. Alfonsín después de seis años de gobierno fue el mantenimiento de un Estado sostenido sobre un conjunto de mecanismos emparentados con los sistemas neoliberales e instaurados en nuestro país por la dictadura militar: valorización financiera, apertura económica, promoción industrial y subsidios al sector privado.Sobre el final del gobierno de Alfonsín los precios subieron un 197% y las tarifas de los servicios públicos un 700%. La inflación en 1989 fue del 4.923,3%, y el dólar trepo hasta alcanzar los 1.950 australes, es decir hubo una devaluación del 8.000%, con la fabulosa transferencia de ingresos correspondientes, desde el sector público hacia el sector privado de capitales nacionales y transnacionales. La producción, medida por el PBI per cápita cayó un 15% y el ingreso de las personas un 38%, cayendo bajo la línea de la pobreza el record histórico de 47,3% de los argentinos.
Alfonsín entregó el gobierno seis meses antes de lo que correspondía, en medio de un caos social, con protestas casi diarias, huelgas y saqueos a supermercados.La transferencia de capital público hacia los intereses extranjeros ya había preparado el camino para el desguase final del Estado argentino.
A pesar de los esfuerzos mediáticos por lavar la cara de este histórico dirigente radical con la obvia misión de contraponerlo con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, esta es la verdadera historia del gobierno del “padre de la democracia”, la misma que muchos por estos días no quieren contar.